El gobierno decretará la emergencia eléctrica en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2017. La medida, que entrará en vigor desde la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y urgencia, le dará amplias facultades al ministro de Energía, Juan José Aranguren, para rediseñar la oferta y la demanda de electricidad.
Aranguren fue el encargado de dar a conocer la noticia en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno. El anuncio se hizo en el marco de los cortes en el suministro eléctrico que han oscurecido barrios enteros de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, producidos tras la ola de calor de la semana pasada.
El funcionario justificó la medida en un diagnóstico: “El sistema eléctrico está al borde de un colapso”, dijo.
Con la emergencia eléctrica en marcha, Aranguren dijo que podrá desarrollar “las medidas correctivas para resolver la situación y asegurar un suministro eléctrico en condiciones adecuadas”.
Si bien el ministro no detalló las medidas concretas que se aplicarán al calor de la emergencia, aseguró que se trabajará en tres frentes: el de la oferta de energía, el de la demanda y en la coordinación con las provincias. La emergencia impactará en los tres segmentos de la oferta de electricidad: generación, transporte y distribución, y en el conjunto de la demanda, tanto la residencial como la de las empresas.
Tiempo se contactó con distribuidoras del interior del país. En todos los casos dijeron que antes de hacer declaraciones esperarán a que las respectivas provincias en las que tienen la concesión se pronuncien sobre la emergencia.
Dado el énfasis del ministro de Energía y Minería en la descripción de la demanda residencial, quedó flotando en el aire la idea de que hacia allí se dirigirán buena parte de los esfuerzos vinculados a la emergencia. Al respecto, Aranguren consideró que la “ausencia de una renegociación de los contratos de concesión” durante los últimos 14 años derivó en un “esquema tarifario que no envió señales a la demanda”, en relación a un “uso racional de la electricidad”.
No obstante, esa visión no es unánime. Para Alberto Müller, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y experto en la materia, la declaración de la emergencia “no tiene sentido”. El académico indicó que “nadie puede oponerse a la idea de un uso racional de la energía, pero esas son políticas de muy largo plazo porque hacen a cambios de pautas de consumo muy acentuadas en la población”, y ello “no justifica decretar una emergencia”. Con todo, Müller consideró que “no hay que esperar demasiado” en ese terreno ya que, en definitiva, “la demanda domiciliaria de electricidad en la Argentina no es excesiva”.
Cabe consignar que desde el año 2005 se aplica en el país un programa de uso racional de energía eléctrica (conocido como Puree) que bonifica a los usuarios residenciales y de empresas si logran reducir su consumo un 10% respecto del año anterior. Si no se produce esa reducción, el usuario es penalizado.
El Puree nunca fue una herramienta eficaz para reducir el consumo de electricidad. De hecho, en 2005 el país estaba en plena recuperación de la larga recesión de 1998 a 2002, por lo que era esperable que aumentara el consumo eléctrico, no su contrario.
Fuente: Pág. web FEDECOBA