El programa de cooperativas sociales que anunció la Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fenández de Kirchner, no es por su esencia, orientación y lógica de gestión un programa de promoción de cooperativas de trabajo: es un plan social asociativo para disminuir la pobreza.
El plan anunciado el día viernes 14 de agosto próximo pasado, lo consideramos una buena política pública y una medida de gobierno contra la pobreza, la inequidad social, diferente al asistencialismo, ya que tiende a “…que la gente tenga trabajo y se organice socialmente…”.
El mismo apunta a generar 100.000 empleos a través de cooperativas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para cubrir necesidades básicas, con un financiamiento de 1.500 millones, y estará focalizado en el conurbano bonaerense, una de las zonas más afectadas por la pobreza y que se continuará aplicando en otras zonas de vulnerabilidad social de la Argentina.
La creación de cooperativas de 50, 60 o 70 personas en complementariedad y con la intermediación de los municipios, para realizar trabajos comunales de pequeña y mediana dimensión (ampliación de escuelas, pavimentación de calles, la construcción de cordones, veredas, cunetas, arreglos de baches, cloacas, mejoras y mantenimiento de plazas, etc…), no responde a la naturaleza de la empresa cooperativa y a criterios de organización social e institucional que la misma requiere para un funcionamiento sostenible.
Los mecanismos de selección de los beneficiarios no permite la apropiación de la cooperativa y compromiso por parte de sus miembros y la renumeración fija de $ 1.500,00.- menos los aportes correspondientes a jubilación y obra social, desvinculada de la cantidad y calidad del trabajo realizado, es ajena a la lógica de acumulación y distribución equitativa de los excedentes que se aplica en las cooperativas de trabajo con sus trabajadores asociados.
Se debe tener cuidado de asignarle el sello de “cooperativas” y asimilar el vínculo de trabajo previsto en el plan anunciado por el gobierno, con el vínculo asociado-cooperativa, ya que implica un desconocimiento del marco teórico de las empresas de la economía social o solidaria y tiene el riesgo de favorecer la desnaturalización y los desvíos técnicos, que luego le serán asignados como fracaso a todo el sector cooperativo y de la economía social y cuyos argumentos serán utilizados ideológicamente por los enemigos de las cooperativas.
Algunas cooperativas de trabajo fraudulentas, que fabrican algunos empresarios para evadir las responsabilidades laborales, causaron y aún causan perjuicio a la credibilidad del accionar cooperativo genuino. Creemos que estos errores conceptuales van a aumentar la desconfianza.
Hoy en nuestro país funcionan 11.357 cooperativas y prestan servicios a sus asociados, con un sistema de orientación en los valores y principios cooperativos y con una lógica de gestión empresaria e institucional coherente con los mismos, que el Estado debe promover y potenciar en su accionar como empresas de capitales 100% nacional y administración democrática.
Por ello, creemos que es un error denominar al plan de empleo público como “cooperativo” en sentido estricto, por las complicaciones, desconfianzas y confusiones que causará al sector de la economía social, aunque el plan anunciado tenga en su implementación lineamientos solidarios afines con la doctrina cooperativa.
Lic. Eduardo H. Fontenla
DNI 12.199.764