De acuerdo a datos revelados recientemente por CONARCOOP, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, en lo que va del año 1.237 organizaciones iniciaron los trámites en el INAES para convertirse en cooperativas. En su gran mayoría durante los últimos meses de cuarentena.
Sin lugar a dudas, los números indican que el cooperativismo siempre se posiciona como alternativa viable en los contextos de crisis económica; máxime en este escenario inédito de pandemia y emergencia sanitaria que estamos transitando con muchas dudas y unas pocas certezas. Pero algo si está muy claro: nadie se salva solo y las cooperativas que proveemos servicios esenciales somos una prueba cabal de que es en comunidad y sosteniendo entre todos el débil tejido social, que podremos resistir. Por eso resulta ineludible ser considerados de acuerdo a nuestra naturaleza y especificidad.
De allí que como empresas de los propios asociados usuarios necesitamos de condiciones y marcos regulatorios diferentes, que garanticen servicios de calidad, asequible, equitativo y sostenible, en base al modelo social y económico del cooperativismo. Decimos al referirnos al rubro energético que no somos solamente empresas “distribuidoras eléctricas” sino que somos empresas “distribuidoras eléctricas cooperativas”. Es decir, somos del mismo género, pero una especie diferente que merece, por tanto, un trato diferente. Especialmente desde los Estados.
De allí que propiciamos, por ejemplo, también en el ámbito eléctrico provincial, la Revisión Tarifaria Integral para el sector cooperativo que ponga sobre el tapete esa “deseconomía” de escala en la prestación del servicio; o impulsamos en la reglamentación de la Ley de Generación Distribuida el reconocimiento a la cooperativa como conjunto de usuarios autogeneradores de energía eléctrica distribuida.
Lo mismo sucede en otros servicios. Tanto en la provisión de agua y saneamiento, en donde resulta necesario que las cooperativas proveedoras de un recurso escaso y costoso tengan un trato diferente en tanto se ocupan de un elemento vital para sus propias poblaciones y lejos están de lucrar con el mismo; como en los servicios de telecomunicaciones, especialmente respecto de la reglamentación del DNU 690/20 que les restituyó la categoría de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. En este tema también es imperioso tener en cuenta las asimetrías económicas, sociales, productivas y geográficas que impiden un desarrollo equitativo de las comunicaciones. Aquí otra vez se evidencia el problema del “género” y la “especie” respecto de otros proveedores telcos.
Sobre estos, y otros temas coyunturales y de fondo, venimos ocupándonos a nivel dirigencial desde la federación conjuntamente con los equipos técnicos. Lo hacemos convencidos de que la fortaleza del sector está en las propias comunidades que le dieron origen a cada una de nuestras entidades representadas.
Y que esa es la característica distintiva que nos hace diferentes en la prestación de cada servicio y, por lo tanto, merecemos ese trato conforme nuestra identidad y naturaleza.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FEDECOBA (Editorial publicada en la edición N°112 de Identidad Cooperativa).